La resolución se realizó a propósito del Día
contra la violencia de la Mujer, que se celebró el miércoles.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, por unanimidad,
desarrollar un mecanismo de seguimiento al principio de celeridad judicial en
casos de femicidio y muertes violentas de mujeres.
Esta herramienta permitirá monitorear los plazos en los que se desarrollan las
acciones del sistema de justicia para dar cumplimiento a los parámetros
establecidos en la legislación ecuatoriana y en instrumentos internacionales de
derechos humanos y garantizar estándares de calidad.
Esta resolución se conoció durante la Sesión del Pleno Extraordinario No.
087-2020 que se llevó a cabo este jueves 26 de noviembre.
De igual forma, el CJ resolvió la creación de la Unidad Judicial Especializada
contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, en el cantón
Pelileo, provincia de Tungurahua.
La Presidenta, María del Carmen Maldonado, señaló que la referida resolución
fortalece las acciones emprendidas por el CJ enmarcadas en el cuarto eje de
gestión Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos
de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La cita contó con la presencia de representantes de varios organismos entre
estos el Movimiento de Mujeres por la Justicia-Colectivo Tejedora Manabita;
Blanca Pacheco, Directora Ejecutiva de la Casa de Acogida María Mora, de
Cuenca; y Geraldine Guerra, Representante de la Alianza para el Mapeo de
Femicidio en el Ecuador desde la Sociedad Civil, quienes expusieron sus
observaciones y requerimientos en torno a la situación de violencia que viven
las mujeres.
Maldonado explicó que "el Consejo de la Judicatura, pese a los recortes
presupuestarios, ha logrado una cobertura de justicia especializada con
unidades judiciales que llegan al 68% de la población nacional, distribuidas en
23 provincias del país, en los cantones más poblados y donde mayor prevalencia
de violencia existe".
También manifestó que en estas unidades laboran 108 juezas y jueces que, con
sus respectivos equipos técnicos, jurisdiccionales y de apoyo, superan los 700
servidores especializados al servicio de las víctimas de violencia. (I)
EL TELÉGRAFO
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