Un posible acuerdo para definir el salario básico unificado (SBU) para el próximo 2022 se avizora difícil. Por un lado, los trabajadores solicitan un ajuste al monto actual, que es de USD 400, con base en la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso de llegar a USD 500, durante los cuatro años de Gobierno.
Los empleadores consideran que el valor debe establecerse tomando en cuenta que el país se encuentra todavía en un periodo de recuperación económica.
Las posiciones polarizadas complican el escenario de diálogo y la búsqueda de consensos en el interior del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), que se inició el 9 de noviembre del 2021. Ambas partes tienen previsto reunirse mañana, 17 de noviembre, pero aún sin una propuesta concreta.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo (MDT), en 10 años solo una vez se llegó a un consenso. Eso sucedió a fines de 2016. En ese año, los representantes del sector trabajador y empleador acordaron fijar el salario en USD 375 para 2017. Desde allí se ha definido el monto del aumento con base en la inflación proyectada.
Entre 2012 y 2021, el salario subió USD 108. En esos años, el promedio de aumento anual fue de 4,3%, registra el MDT.
El incremento más representativo se dio en 2013, cuando se pasó de USD 292 a 318, esto quiere decir que se aumentó en USD 26 el ingreso promedio que debía recibir por ley un trabajador formal. (ver infografía).
Actualmente, el salario básico mensual de Ecuador se mantiene en USD 400 y no ha variado desde hace dos años. En 2020 se tomó la decisión de congelar el rubro, porque la inflación proyectada para 2021 fue negativa.
A pesar de no realizar ningún incremento, Ecuador es el país con el tercer salario básico más alto en la región, siendo superado solamente por Chile y Uruguay, con USD 441 y USD 423, respectivamente. Al final se encuentra Venezuela.
En este año, los trabajadores centran el debate en la meta de alcanzar los USD 500, que prometió el hoy presidente Lasso.
Édgar Sarango, presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador, dijo que esta es una promesa en firme y es algo que se debe cumplir o, de ser el caso, indicar los mecanismos que se aplicarán para llegar a alcanzar ese compromiso.
La Cartera de Trabajo adelantó que “se informará oportunamente” la forma en que se procedería con el incremento gradual en los cuatro años, cumpliendo con la normativa nacional y las recomendaciones internacionales.
Para el representante de los trabajadores, sin embargo, se debe definir un aumento en este año, ya que la idea de la fijación del salario es que este vaya al ritmo que va la economía. “Necesitamos un salario que cubra, en parte, el costo de la canasta básica, que cada mes se encarece”, señaló.
Hasta octubre, la Canasta Familiar Básica se ubicó en USD 712, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, añadió que el aumento para el próximo año no debe limitarse a las personas que reciben el básico, sino que debe aplicar en todos los niveles. “Ha llegado el primer año en el que el Gobierno podrá demostrar que no solo se trató de una promesa de campaña”, dijo.
Durante la primera reunión del CNTS se expusieron las proyecciones macroeconómicas, que sirven como referencia para fijar el salario. Por ejemplo, se estima que el crecimiento económico para 2022 será del 2,85%, mientras que la inflación promedio llegaría al 1,28%.
Desde el sector empresarial se considera que cualquier medida que se tome en relación con la definición de salarios puede afectar a la posibilidad de tener una recuperación significativa en los índices de empleo pleno.
“En el año de recuperación pospandemia hay que ser muy cautos en el impacto que puede tener la definición salarial en los indicadores de recuperación del empleo formal”, explicó Xavier Rosero, representante de los empleadores en el Consejo y vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
Para Diego Olmedo, analista económico, un punto para considerarse en la definición, es que debe estar relacionada con el desempeño y la productividad de los trabajadores.
De hecho, el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) señala también esta premisa: “Se debe analizar y transparentar la realidad de las empresas y de los trabajadores, por el costo de vida, para optar por decisiones que no vayan en contra de la creación del empleo”.
De acuerdo con Olmedo, el Gobierno tiene la difícil tarea de encontrar un punto de equilibrio para, por un lado, cumplir con su promesa de campaña; pero no generar descontento social en el país.
El Ministerio de Trabajo definió en 2020 una nueva metodología técnica para determinar el SBU, con base en nueve variables que incluyen la tasa de inflación y elementos como el factor de productividad laboral, y elasticidad del empleo y la informalidad.
El titular de la Cartera de Trabajo y presidente del CNTS, Patricio Donoso, señaló que durante la primera sesión el Consejo “tiene trabajo por delante”: fijar un salario a la altura y que aporte en el crecimiento del país.
El Comercio
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